El Departamento del Tesoro acaba de incluir a Tareck El Aissami, vicepresidente de Venezuela, en la lista de capos del narcotráfico internacional, con lo que le convierte en el funcionario venezolano de más alto cargo en ser castigado por Washington.
Las agencias estadounidenses involucradas en la decisión han insistido en que se trata de una acción contra un individuo, no contra un gobierno, y que es el resultado de una "larga investigación". Sin embargo, con este paso la Administración de Donald Trump abre un nuevo frente en América Latina y redobla la presión sobre Caracas, ya antes ejercida por el expresidente Barack Obama.
De acuerdo con un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), El Aissami ha facilitado el envío de grandes cargamentos de drogas, vía aérea y marítima desde Venezuela, además de proporcionar protección a otros narcos.
"En concreto, El Aissami recibió dinero por facilitar el transporte de narcóticos propiedad del narcotraficante venezolano Walid Makled García", señala la OFAC.
Makled fue detenido en Colombia y extraditado a Venezuela en 2011 por montar una compleja operación de tráfico de drogas con la supuesta colaboración de altos funcionarios del gobierno venezolano. Actualmente cumple una pena de 14 años de prisión.
Se vincula a El Aissami con uno de los carteles más poderosos y temidos de México, con el "último de los grandes capos" de Colombia según su presidente Juan Manuel Santos y con el líder del cartel Guajira.
El comunicado de OFAC informa: "También está vinculado a la coordinación de envíos de narcóticos al violento cartel mexicano Los Zetas, así como a la protección del capo narcotraficante colombiano Daniel Barrera Barrera y del narcotraficante venezolano Hermágoras González Polanco".
"En el ejercicio de sus funciones anteriores, en varias ocasiones supervisó envíos de narcóticos de más de 1.000 kilos desde Venezuela, incluso algunos con destino final a México y Estados Unidos, o fue uno de los dueños de esos cargamentos de narcóticos", añade.
Las sanciones se enmarcan en la Ley Kingpin, promulgada en 1999 con el objetivo de bloquear las actividades de individuos o de organizaciones extranjeras sospechosas de estar vinculadas con el narcotráfico y que sean una amenaza para EEUU.
Las sanciones implican que se bloqueen los activos bajo la jurisdicción estadounidense y que los ciudadanos y empresas de este país no pueden hacer transacciones con ellos. La inclusión de un miembro de un alto funcionario de Venezuela en la lista de sancionados del Tesoro de EEUU «no significa que el Gobierno en sí mismo está también bloqueado», precisa el Departamento en un comunicado de su web.
"Sin embargo, los ciudadanos estadounidenses deberían ser cautos en sus tratos con el Gobierno (venezolano) para asegurarse de que no están involucrados en transacciones, directas o indirectas, con una persona de la lista”.
Además del vicepresidente venezolano, entre los involucrados se encuentran el empresario venezolano Samark José López Bello, a quien Washington lo considera el “testaferro” de El Aissami, y 13 empresas “pertenecientes o controladas por López Bello” o sus asociados. Las compañías tienen sede en EE UU, Panamá, Reino Unido, Venezuela y las islas Vírgenes Británicas.
Hace solo una semana, 32 legisladores estadounidenses, tanto diputados como senadores republicanos y demócratas, firmaron una carta escrita por el senador Bob Menéndez y la diputada Ileana Ros-Lehtinen pidiéndole a Donald Trump que imponga nuevas sanciones “inmediatas” a funcionarios venezolanos “responsables de violaciones de derechos humanos y de corrupción”.
"El reciente nombramiento por parte de Nicolás Maduro de (el vicepresidente) Tareck El Aissami le pone en fila para posiblemente convertirse en el próximo líder de Venezuela, lo cual es extremadamente preocupante dados sus demostrados vínculos con el narcotráfico y las organizaciones terroristas", se lee en la carta.
El pasado 4 de enero, el presidente Maduro anunció como nuevo vicepresidente de su Gobierno a El Aissami, quien hasta ese momento era gobernador del céntrico estado Aragua. Este abogado y criminólogo de 42 años fue uno de los hombres de confianza del desaparecido líder Hugo Chávez y es visto como uno de sus posibles sucesores en Venezuela.
Por su parte, El Aissami respondió a las acciones del gobierno de EEUU a través de su cuenta oficial de twitter. En ella dedica una serie de mensajes asegurando que las acusaciones en su contra son una "infame agresión" por su "condición de revolucionario antiimperialista". (@TareckPSUV)
"Ante la infamia y la agresión imperialista: 1- MORAL INTACTA. 2- mayor FIRMEZA y CONVICCIÓN antiimperialista. 3- mayor conciencia CHAVISTA!!", escribió.
"En lo personal recibo esta miserable e infame agresión como un reconocimiento a mi condición de revolucionario antiimperialista!! VENCEREMOS", agregó.
(Foto de portada: BBC)
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